Visiones de la Actualidad Cubana

La Habana, 5 de Marzo de 2009.

El actual mandatario del gobierno cubano, general de ejército Raúl Castro, recién acaba de arribar a su primer año como presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

Si los primeros seis meses de este periodo pueden resumirse como los de la espera proactiva en la dirección del resultado de las elecciones norteamericanas, a este segundo lo pudiéramos calificar como el más dinámico, tanto en la ya natural actividad ciclónica tropical, como en la nueva estructuración de la política exterior del estado.

Finalmente Cuba consiguió ingresar en el Grupo de Río, gracias a la consolidación del apoyo de la mayoría de los países iberoamericanos. En este mismo interés se ratificó como pionera del ALBA junto a Venezuela y, luego de una visita a la Federación Rusa en el mes de enero, la delegación cubana reafirmó el propósito de recuperar los otrora importantes intercambios con esa nación. Seguramente que los miembros de la comitiva, presidida personalmente por Raúl Castro, pudieron constatar que la extinta Unión Soviética pasó a ser historia y que el actual es un estado diferente, regido generalmente por las leyes del libre mercado.

Es precisamente bajo estas consideraciones económicas de libre concurrencia y mediante empresas mixtas o privadas que se realiza mayoritariamente el comercio con todos estos países. Por la parte cubana solo concurre el estado, representado por sus funcionarios. Nuestros conciudadanos, los que vivimos dentro de las fronteras de las Islas de Cuba, estamos entonces en franca desventaja en relación con los de los países con los que comerciamos. Nosotros requerimos que se nos reconozca el derecho a participar en el mercado, implementando las pequeñas y medianas empresas privadas (PYMEs). No solo es un acto de justicia recuperar este derecho ante la discriminación de que somos objeto, sino una necesidad insoslayable para el desarrollo económico y social de la nación en los tiempos que corren.

Pero es primordial, ante todo, el restablecimiento de una sola moneda nacional para el pago de todas las obligaciones económicas y financieras dentro del territorio cubano. Esto ya lo señalamos en diferentes oportunidades.

La viciada visión de que somos un pueblo pobre, de escasos recursos materiales, obligado fundamentalmente a una economía de servicios, debe ser sustituida por otra más real y menos prejuiciada. La muestra de que los tiempos están cambiando y de que es posible la unidad dentro de la diversidad no es aplicable solamente al mundo exterior que nos circunda, también lo es al interior de nuestra sociedad. Es por esto que no solo es importante el respeto a la diferencia de género, de raza o de preferencia sexual; es importante también el respeto a la diversidad política. Y es en este sentido que aún esta nueva presidencia tampoco ha satisfecho las expectativas de la sociedad. Confiemos en que con la ratificación e implementación de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de los Pactos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, con lo que se comprometió el gobierno cubano, estas justicias se alcancen.

De igual manera, reiteramos una vez más, entre los derechos humanos contemplados en los instrumentos de Naciones Unidas se encuentra el de libertad de movimiento, el cual se detalla de la siguiente y sencilla manera:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Se trata del llamado «permiso de salida», conocido también como “tarjeta blanca”, con el que las autoridades cubanas determinan quién puede ejercer su derecho a viajar y regresar —o no— al país. Práctica que condicionó —de alguna manera— la categoría “salida definitiva” y justificó en gran medida la pérdida, desde una consideración legal ilegítima, de la ciudadanía cubana a decenas de miles de inmigrantes que salieron hacia otros países durante los últimos cincuenta años por diferentes motivos, fundamentalmente políticos. La diáspora de cubanos en los Estados Unidos, España y otras, testimonian esta situación. La conflictividad del diferendo entre Cuba y los Estados Unidos y la cercanía geográfica de sus costas, determinaron que fuese este país el mayor receptor de inmigrantes cubanos y obligó a las autoridades norteamericanas a improvisar una regulación migratoria: la Ley de Ajuste Cubano, en el año 1966 del siglo pasado. Esta ley, con sus ventajas y desventajas, con sus aciertos y errores, con sus justicias e injusticias, podrá ser discutida y negociada por ambos gobiernos, como podrá ser negociada una nueva relación migratoria. Pero lo que sí es competencia y deber solo de las autoridades insulares es promulgar una ley que devuelva el derecho a la ciudadanía cubana a todos los inmigrantes cubanos y a sus descendientes, hasta la generación que se considere, siempre que estos así lo soliciten. La Constitución de la República de Cuba, en el capítulo II, artículo 32, establece que: «no se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana». Sin embargo, muchos cubanos residentes en los EE.UU., que son ciudadanos norteamericanos por naturalización, viajan a Cuba con pasaporte cubano para evadir las restricciones del bloqueo. Otros, residentes en el archipiélago, han solicitado y recibido la ciudadanía española como descendientes de inmigrantes españoles y no han perdido la cubana. De hecho, no se cumple estrictamente con este artículo de la Constitución; es tiempo ya de reformarlo y darle la posibilidad a aquellos emigrados cubanos que lo soliciten y cumplan con lo que se establezca, de que puedan optar también por la ciudadanía cubana y que de derecho se acepte en la Constitución de la República de Cuba la doble ciudadanía para estos y sus descendientes.

Sería probablemente de tal magnitud el volumen de esa población en el exterior, que se haría necesaria la creación de una institución, organismo o dependencia para que atendiera a los ciudadanos cubanos residentes en otros países conforme a la nueva ley.

El triunfo en noviembre pasado del presidente de los Estados Unidos Barack Obama ha estimulado la posibilidad de un cambio en las relaciones entre los gobiernos de ambos países. Recientemente la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano votó a favor de modificar algunas de las restricciones sobre el envío de remesas y los viajes a Cuba de los cubanoamericanos. En los últimos días el senador republicano estadounidense Richard Lugar, el de más rango de su partido en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, calificó de ineficaz y fallida la política de su país con relación a Cuba y propuso cambiarla. Un informe realizado por un grupo de trabajo sobre Cuba de la Institución Brookings de Washington, sugirió a la administración estadounidense una revisión de las relaciones con Cuba y diseñó un plan de medidas a implementar a corto, mediano y largo plazos. Las autoridades cubanas, por su parte, han manifestado públicamente su disposición a la negociación respetuosa e incondicional entre ambos gobiernos y han planteado su determinación a corresponder “gesto por gesto”. Ahora se está a la espera de las determinaciones que, sobre la política hacia Cuba, tome el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero, para implementar cambios en la dirección del reconocimiento de todos los Derechos Humanos para todos los cubanos; para reconocer la pluralidad de visiones políticas en la sociedad y ajustarla a derecho y promulgar una amnistía para los prisioneros de conciencia, basta con la voluntad política y la autoridad del poder real; para esto no hacen falta gestos foráneos sino decisiones nacionales.

Actualmente las autoridades del archipiélago cubano se encuentran empeñadas en la reestructuración del gobierno y de las instituciones del estado. Esperemos que las aspiraciones de los miembros de la sociedad civil independiente sean tomadas en cuenta y se abran espacios de libertad y respeto en bien de la civilidad ciudadana. El Proyecto Demócrata Cubano considera que, en una agenda de renovación democrática los temas aquí señalados constituirían, entre otros, importantes objetivos por donde comenzar.

Rafael León Rodríguez
Coordinador General