Carta Abierta al Presidente del Consejo de Estado y al Presidente de la Asamblea Nacional

La Habana, 2 de Abril de 1997.

Señores Presidentes:

Considerando la urgente necesidad que tiene nuestra nación de contar con un espacio de participación para el diálogo político entre todos los cubanos de buena voluntad en un entorno de respeto, pluralidad y tolerancia;

apoyados en el artículo 1 de la Constitución de la República de Cuba que establece que: "Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana";

bajo la condición universal del respeto irrestricto a la soberanía nacional, el rechazo a la violencia y a la intervención foránea en los asuntos que sólo competen a los cubanos;

con la voluntad y el propósito de servir a las transformaciones pacíficas que tanto Cuba necesita;

Proponemos:

Al Consejo de Estado y a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la creación de una Cámara Conjunta de Representantes.

Esta Cámara Conjunta auspiciada por el gobierno, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Partido Comunista de Cuba, funcionaría como un órgano no legislativo donde serían analizadas y debatidas las propuestas de aquellos sectores de la sociedad civil cubana que hasta el momento no han sido escuchados y propiciaría en un ambiente conciliatorio, el diálogo impostergable sobre la reconstrucción nacional, la renovación de la sociedad y el desarrollo de una democracia verdaderamente participativa, basada en el estado de derecho y el bien común, legitimada mediante plebiscito.

En esta Cámara Conjunta se reunirían por una parte, representantes de la oposición pacífica, de las organizaciones de derechos humanos, de las iglesias, de la prensa, los sindicatos y los sectores profesionales independientes y de organizaciones opositoras pacíficas de cubanos radicados en el exterior, todas las cuales elegirán democráticamente a un representante por organización y, de la otra parte, representantes del gobierno y sus organizaciones afines, la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba.

Esta Cámara, de carácter permanente, se reuniría antes y después de los períodos de sesiones ordinarios de la Asamblea Nacional y cada 2 ó 3 meses entre la celebración de las mismas, funcionando como órgano de consulta y comunicación entre el gobierno, la oposición y la sociedad civil durante etapas intermedias.

Para organizar esta Cámara Conjunta se crearía una Comisión Organizadora integrada, como grupo no gubernamental, por:

• 1 representante de la Iglesia Católica,
• 1 representante de la Iglesia Protestante,
• 1 representante de las organizaciones de derechos humanos,
• 1 representante de la prensa independiente,
• 1 representante de las organizaciones sindicales independientes,
• 1 representante de las asociaciones profesionales independientes,
• 1 representante de las organizaciones opositoras pacíficas radicadas en el exterior,
• 2 representante de las organizaciones opositoras pacíficas radicadas en Cuba,
• 1 representante del Proyecto Demócrata Cubano, gestor de esta iniciativa y los que determinen los auspiciadores del gobierno, el Partido Comunista y la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba; no excediendo éstas al total del grupo no-gubernamental.

Esta Comisión Organizadora elaborará un reglamento de ética y procedimientos para implementar el ordenamiento de la Cámara Conjunta y emitirá una convocatoria para que se inscriban todas las organizaciones que - calificando con la condición universal - deseen participar.

Como premisa para hacer viable esta proposición, el Consejo de Estado y la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba deberán promulgar una amnistía para los prisioneros de conciencia amparados en el artículo 90, inciso ll, que atribuye al Consejo de Estado el conceder indultos; y en el artículo 75, inciso t, que establece que: "son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular el conceder amnistías." También se deberá implementar el artículo 54 sobre los derechos de reunión, manifestación y asociación, reformando su reglamentación para que cuenten con base jurídica todos los participantes en este foro.

Asimismo, el gobierno cubano permitirá el regreso al país de aquellos opositores pacíficos que estén dispuestos a regresar e incorporarse a la vida nacional para que puedan, por derecho propio, participar en la Cámara Conjunta - si para ello son electos - o para quedarse en nuestra patria unidos a todos y cada uno de los cubanos de buena voluntad.

La creación de esta Cámara Conjunta de Representantes marcaría el comienzo de una apertura política sin precedentes en nuestro país, permitiendo la consolidación de la sociedad civil y la participación de las minorías en los asuntos de la comunidad, afirmándose en los acuerdos suscritos en Viña del Mar el pasado año por el Presidente Fidel Castro, creando además las condiciones adecuadas para la visita a Cuba en enero de 1998 del Santo Padre Juan Pablo II y un ambiente de credibilidad política propicio para la Cumbre Iberoamericana de 1999 a celebrarse en nuestra patria.

Confiamos en que esta propuesta, sustentada en el artículo 63 de la Carta Magna - que establece que: "Todo ciudadano tiene derecho a dirigir peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado conforme a la ley" - y en el artículo 66 - que declara que: "El cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes es deber inexcusable de todos" - reciba el apoyo y la atención de los factores involucrados en la misma para que esta contribuya a superar las adversidades del presente y a proyectarnos hacia el futuro dentro de un marco de verdadero consenso nacional.

"Es respetable y hermosa una oposición que hace justicia"

Por el Proyecto Demócrata Cubano,

Rafael León Rodríguez
Coordinador General