|
EL INFORME DE LA “COMISIÓN PARA LA ASISTENCIA A UNA CUBA
LIBRE” DEL PRESIDENTE GEORGE W. BUSH: SUS VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO CUBANO, LA AUTODETERMINACIÓN Y A LA
SOBERANÍA NACIONAL DEL PAÍS.
5 de agosto del 2004.
El pasado 10 de octubre del 2003, el actual presidente
de los EE.UU. George W. Bush anuncio la creación de una “Comisión para
la Asistencia a una Cuba Libre” (CACL), conformada por expertos de
distintas ramas del gobierno norteamericano, para que preparara un plan
para la transición de Cuba, de “un sistema Stalinista a una sociedad
abierta y que encontrara medios para acelerar la llegada de ese día”.
Para ese fin la Comisión era responsable de “(1) de
identificar medidas adicionales por las cuales, los Estados Unidos
podían ayudar al pueblo cubano a lograr un rápido fin a la dictadura de
Castro; (2) Identificar programas del gobierno de los EE.UU. que podrían
ayudar al pueblo cubano durante la transición”.
El pasado 6 de mayo el Secretario de Estado de los
EE.UU., Colin L. Power, expresó en su presentación del informe final de
dicha Comisión que: “la meta de ellos era una verdadera transición” y
que “cualquier sucesión post-Castro que perpetuara el control del poder
por el régimen sería completamente contraria al compromiso hemisférico
con la libertad”. Asegurando que “no podía haber reconciliación entre
Cuba y los Estados Unidos hasta que se dieran pasos de largo alcance que
aseguraran la libertad política y económica en la isla”.
En su presentación el Secretario de Estado dejó bien
claro, que bajo las vigentes leyes norteamericanas, en particular el
“Acta para la libertad cubana y de solidaridad democrática de 1996” (la
Ley conocida como “Helms-Burton”) que: “Los Estados Unidos tienen
prohibido por ley el proveer asistencia a un gobierno de transición
post-Castro a no ser que ese gobierno legalice todas las actividades
políticas, ponga en libertad a todos los prisioneros políticos, que
públicamente se comprometa a organizar elecciones libres y justas en 18
meses, y prohíba que Fidel y Raúl Castro tengan algún papel en el futuro
gobierno”. Asegurando también que “ellos (el gobierno norteamericano)
tienen en la mente y le dan la bienvenida a un activo papel de la
comunidad cubano americana”.
Finalmente Colin L. Power afirma que “tienen la
esperanza de que este Informe ayudara a los Estados Unidos, a sus
vecinos en las Américas, y a las naciones libres en el mundo a apoyar
mejor los esfuerzos del pueblo cubano para asegurar su derecho a la
democracia y realizar sus sueños de un futuro mejor”.
De la presentación del Secretario de Estado
norteamericano del Informe, se desprende del mismo que:
Primero. La actual administración quiere acelerar el
proceso de transición en Cuba de acuerdo con un plan desarrollado por
sus funcionarios e implementado de acuerdo con sus propios criterios.
Sin consulta o tomando en consideración lo que piensa y quiere el pueblo
cubano. En particular la disidencia, que en múltiples documentos y desde
distintas perspectivas han presentado proyectos para la transición.
Pero sin embargo, sí consultaron, a los sectores más conservadores y
cercanos a las políticas de la administración actual de la comunidad
cubana en los EE.UU., en invitación hecha a estas por el Departamento de
Estado el pasado 9 de febrero del 2004.
Segundo: Que esperan que su plan le sirva de directivas,
a los países del Continente Americano y del mundo libre, para determinar
sus políticas hacia Cuba y la promoción de la transición en la isla, que
respalden el mismo, pero sin haberlos consultado previamente.
Tercero: Que todos los planteamientos, acciones y
proposiciones contempladas en el Informe de la Comisión, están limitados
en su implementación y realización según las normas que fueron
arbitrariamente establecidas, en franca violación de la
autodeterminación y soberanía cubana, por la “Ley Helms-Burton de 1996”.
No se puede leer el Informe y analizar su contenido sin tener a mano el
texto de dicha ley.
Cuarto: En este sentido el Secretario de Estado se le
olvido señalar entre otras cosas, las limitantes que contiene la ley
“Helms-Burton” a la hora de proveer asistencia a un gobierno de
transición post-Castro. En particular lo contemplado en dicha ley, de
que es potestad del Presidente de los EE.UU. el determinar si el
gobierno que haya en Cuba es un gobierno de transición o no y también el
importante requisito, contemplado en la Sección 205 de dicha ley, de que
ese gobierno “esta tomando o demostrando un progreso notable en la
devolución a los ciudadanos de los Estados Unidos (...) de las
propiedades confiscadas por el gobierno cubano el 1ro de enero de 1959 o
posteriormente, o ha proveído una completa compensación por esas
propiedades...”.
Sin embargo, parte de lo que al Secretario Power se le
olvidó señalar, no lo ignoraron los redactores del Informe, ya que en su
Prefacio los mismos afirman que: “para que se pueda dar la asistencia,
los prerrequisitos establecidos en la “Acta para la libertad cubana y
solidaridad democrática de 1996”, para la asistencia a un gobierno de
transición y uno democráticamente electo tienen que ser satisfechos. Las
recomendaciones de este informe relacionados sobre la futura asistencia
a Cuba solamente pueden ser implementados si esas medidas y requisitos
son cumplimentados”.
Afirmando también que la Comisión no había tratado los
aspectos legales, regulatorios y las barreras presupuestarias que
pudieran estar prohibidas o limitadas por las leyes existentes de los
EE.UU. o que necesitan de fondos en un futuro. Señalando que para poder
proveer todo lo que se contempla en el Informe, todas estas
prohibiciones legales y presupuestarias tenían que ser contempladas y
resueltas.
Nuevamente el gobierno norteamericano sé auto define con
este informe, de ser los únicos arquitectos de cómo debe y puede ser la
transición a la democracia en Cuba. Señalándole al pueblo cubano los
pasos que en esa búsqueda de la transición pueden y deben dar y los que
no pueden tomar. Dictándole también lo mismo a la comunidad
internacional.
Planteamiento que solo ayudan a incrementar la
lamentable imagen de que el problema cubano es básicamente el diferendo
existente entre los dos países y ocultando así, la verdadera realidad
del problema, de que el único y verdadero diferendo es el que existe
entre el gobierno de Cuba y un amplio sector de la población.
Por otra parte el gobierno de los EE.UU. que muchas
ocasiones se presenta a sí mismo como el gran defensor de los derechos
humanos en Cuba, asume por declaraciones públicas, tanto del Presidente
Bush, como del Secretario Power, el Informe de la Comisión que contiene
medidas que son claramente violaciones de los derechos humanos
fundamentales del pueblo cubano e inclusive del propio pueblo
norteamericano.
Entre las recomendaciones que se encuentran en el Primer
Capítulo del Informe, titulado “Acelerando la Transición en Cuba”, se
plantean medidas, algunas de ellas, ya implementadas el pasado 16 de
junio y otras el 22 del mismo mes, relacionadas con la limitación de los
viajes a Cuba de las personas de origen cubano y también de los propios
ciudadanos norteamericanos, así como del envió de remesas a la isla por
parte de estos, que están en franca contradicción con múltiples
resoluciones tanto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como
de la propia Comisión de Derechos Humanos de esta entidad donde
exhortan:
“Una vez más a todos los Estados a que garanticen la
libertad universalmente reconocida de viajar a todos los ciudadanos de
otros países que residan legalmente en su territorio (...) Exhorta a
todos los Estados a que permitan, de conformidad con la legislación
internacional, el movimiento sin restricciones de las remesas
financieras que los ciudadanos de otros países que residen en su
territorio envíen a sus familiares en el país de origen (...) Exhorta
también a todos los Estados a que se abstengan de promulgar
disposiciones legislativas concebidas como medidas coercitivas que
establezcan un trato discriminatorio contra migrantes legales, se trate
de individuos o grupos, al redundar en detrimento de la reunificación de
las familias y del derecho de enviar remesas financieras a sus
familiares en el país de origen, o deroguen las que estén vigentes”.
En el caso de las limitaciones impuestas por la
Administración del presidente Bush, tanto a los cubanos como a los
norteamericanos, para viajar a la isla son también violatorias del
derecho universalmente reconocido en el Artículo 13 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos que afirma que “Toda persona tiene derecho
a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
Derecho ratificado en el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
En esta parte del Informe el gobierno norteamericano, de
forma prepotente e inhumana, redefine los auténticos lazos familiares de
los cubanos, estableciendo estrictas limitaciones a los cubanos que
viven en su territorio, de a que familiares se les puede visitar o se le
pueden enviar remesas de asistencia humanitaria. Ignorando con esta
cruel redefinición los fundamentos y los valores tradicionales de la
familia que tenemos los latinoamericanos.
Las limitaciones impuestas a partir del pasado 16 de
junio, sobre el envió de asistencia a las personas en Cuba, cuenta
también con el agravante de limitar la ayuda, que de forma
independiente y ajena a los intereses y propósitos del gobierno
norteamericano, se le estaba haciendo llegar a los distintos sectores de
la disidencia y la emergente sociedad civil cubana para su supervivencia
y funcionamiento. Pues aunque en el informe se señala que este tipo de
ayuda va a poder continuar, el gobierno de EE.UU. se reserva el derecho,
controlando el otorgamiento de las licencias especificas para estos
casos, de seleccionar a los que pueden mandar la ayuda y a los que la
pueden recibir. Vale la pena destacar que en muchos casos, los grupos o
personas de la oposición que habían estado recibiendo la ayuda
independiente hasta ahora, no comparten las políticas norteamericanas
con respecto a Cuba y se han expresado públicamente en contra de ellas.
Pero no son solamente las medidas relacionadas con las
visitas o el envió de remesas las que violan los derechos humanos de los
cubanos. Otras de las recomendaciones presentadas en el Informe de la
Comisión, son “medidas coercitivas unilaterales”, que tanto la Asamblea
General de la ONU, como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas han condenado reiteradamente en resoluciones, que instan “a todos
los Estados a que se abstengan de adoptar o aplicar medidas unilaterales
contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas,
en particular aquellas medidas de carácter coercitivo con efectos
extraterritoriales, que cree obstáculos a las relaciones comerciales
entre los Estados e impidan la realización plena de los derechos
enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular el
derecho de las personas y de los pueblos al desarrollo.”
Denunciando también en sus resoluciones que “la
aplicación de esas medidas como instrumentos de presión política o
económica contra cualquier país, especialmente contra los países en
desarrollo, por sus efectos negativos en la realización de todos los
derechos humanos de vastos sectores de la población, como los niños, las
mujeres, los ancianos, los discapacitados y los enfermos”.
Con muchas de las nuevas medidas que recomienda la
Comisión, lo único que pretende la Administración republicana de Bush es
reforzar el injusto y cruel embargo que padece el pueblo cubano, e
incrementar el dolor y el sufrimiento que ya padece el mismo.
Si preocupantes son estas violatorias medidas más
preocupante es el contenido “Neo-Plattista” que contiene todo el
Informe. Pues pese a que en distintas partes del mismo se refieren, a
que los programas e iniciativas propuestas en el Informe no están
tratando de “prescribir como se organiza a sí misma una Cuba libre o que
políticas se deciden finalmente, estas decisiones son del pueblo
cubano”, en el fondo las directivas están dadas claramente y las
penalidades por no cumplirlas las dejan entrever claramente también. El
nombramiento contemplado en el Informe de un “Coordinador para la
Transición’ en Cuba, a nivel del Departamento de Estado, nos recuerda a
los procónsules de principios del siglo pasado a raíz del fin de la
Guerra de Independencia y comienzo de los primeros gobiernos
republicanos.
Preocupante también es la medida propuesta por la
Comisión de establecer una plataforma aérea de trasmisiones,
supuestamente para radio y televisión Martí, llamada “C-130 Commando
Solo”, que constituye una franca provocación, con la que espera una
drástica reacción por parte del gobierno cubano (como pudiera ser un
éxodo masivo incontrolado), que les facilite una intervención armada.
Como también preocupa, cuales son los objetivos
verdaderos de este Informe. Si de acuerdo con los redactores del mismo,
existen “barreras presupuestarias que pudieran estar prohibidas o
limitadas por las leyes existentes de los EE.UU. o que necesitan de
fondos en un fututo” y que “todas estas prohibiciones legales y
presupuestarias tienen que ser contempladas y resueltas”. Si de acuerdo
con las recomendaciones de “Asignación de Fondos” hecha por la propia
Comisión, solamente existen aprobados en estos momentos $7 millones de
dólares, de los $59 millones que recomienda el Informe. Si contemplamos
que estamos a solamente unos meses de las elecciones presidenciales en
los EE.UU., hecho que dificulta enormemente que el resto de los $52
millones que faltansean aprobados en el Congreso para el presupuesto del
año fiscal entrante, y que las únicas medidas que han sido puesta en
efecto son las que no requieren dineros adicionales, tenemos que
preguntarnos cuales son las razones para hacer público el Informe en
estos momentos.
Todo parece indicar que las ocultas razones del
lanzamiento de este informe solo responden a cuatro objetivos. El
primero y más peligroso, es el de provocar una reacción por parte del
gobierno de Cuba que le dé “justificación” al presidente George W. Bush,
para considerar las mismas como un acto hostil en contra de los EE.UU. y
tomar entonces medidas drásticas, algo que ya varios voceros de la
administración norteamericana han declarado. Segundo, sofocar más
económicamente al pueblo cubano en su ya precaria situación, buscando
una descontrolada explosión social. Tercero, limitar y dificultar la
ayuda a los disidentes y opositores que no concuerdan con las políticas
norteamericanas. Cuarto, garantizar el respaldo electoral del sector más
conservador, de las personas de origen cubano que se han naturalizado y
votan, en las próximas elecciones presidenciales.
Las 500 páginas del Informe de la “Comisión para la
Asistencia a una Cuba Libre” encierran un mensaje bien claro del
protagonismo proteccionista y director, que los EE.UU. se han asignado a
sí mismo con respecto a Cuba. En una era unipolar y hegemónica como la
que se vive hoy en día, donde los EE.UU. se adjudican el derecho de
determinar los destinos de otros países, ignorando inclusive la búsqueda
del consenso y del apoyo de otras naciones democráticas y libres, el
presente y el futuro del pueblo y la nación cubana esta en serio
peligro.
Siro del Castillo
Representante de Proyecto Demócrata Cubano
en el Exterior
Inicio de página
|
