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La Habana, 2 de abril de 1997.
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ESTADO DE LA REPÚBLICA DE CUBA Y AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
NACIONAL DEL PODER POPULAR.
Señores Presidentes:
Considerando la urgente necesidad que tiene
nuestra nación de contar con un espacio de participación para el diálogo
político entre todos los cubanos de buena voluntad en un entorno de respeto,
pluralidad y tolerancia;
apoyados en el artículo 1 de la Constitución
de la República de Cuba que establece que: "Cuba es un Estado socialista
de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien
de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la
libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la
solidaridad humana";
bajo la condición universal del respeto
irrestricto a la soberanía nacional, el rechazo a la violencia y a la
intervención foránea en los asuntos que sólo competen a los cubanos;
con la voluntad y el propósito de servir a las
transformaciones pacíficas que tanto Cuba necesita;
Proponemos:
Al Consejo de Estado y a la Asamblea Nacional
del Poder Popular, la creación de una Cámara Conjunta de Representantes.
Esta Cámara Conjunta auspiciada por el
gobierno, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Partido Comunista de Cuba,
funcionaría como un órgano no legislativo donde serían analizadas y debatidas
las propuestas de aquellos sectores de la sociedad civil cubana que hasta el
momento no han sido escuchados y propiciaría en un ambiente conciliatorio, el
diálogo impostergable sobre la reconstrucción nacional, la renovación de la
sociedad y el desarrollo de una democracia verdaderamente participativa, basada
en el estado de derecho y el bien común, legitimada mediante plebiscito.
En esta Cámara Conjunta se reunirían
por una parte, representantes de la oposición pacífica, de las organizaciones
de derechos humanos, de las iglesias, de la prensa, los sindicatos y los
sectores profesionales independientes y de organizaciones opositoras pacíficas
de cubanos radicados en el exterior, todas las cuales elegirán
democráticamente a un representante por organización y, de la otra parte,
representantes del gobierno y sus organizaciones afines, la Asamblea Nacional y
el Partido Comunista de Cuba.
Esta Cámara, de carácter permanente, se
reuniría antes y después de los períodos de sesiones ordinarios de la
Asamblea Nacional y cada 2 ó 3 meses entre la celebración de las mismas,
funcionando como órgano de consulta y comunicación entre el gobierno, la
oposición y la sociedad civil durante etapas intermedias.
Para organizar esta Cámara Conjunta se crearía
una Comisión Organizadora integrada, como grupo no gubernamental, por:
- 1 representante de la Iglesia Católica,
- 1
"
" " Iglesia Protestante,
- 1
"
" las organizaciones de derechos humanos,
- 1
"
" la prensa independiente,
- 1
"
" las organizaciones sindicales independientes,
- 1
"
" " asociaciones profesionales
independientes,
- 1
"
" " organizaciones opositoras pacíficas
radicadas en el exterior,
- 2
"
" " organizaciones opositoras pacíficas
radicadas en Cuba,
- 1
" del Proyecto
Demócrata Cubano, gestor de esta iniciativa y
los que determinen los auspiciadores del gobierno, el Partido Comunista y la
Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba; no excediendo éstas al total
del grupo no-gubernamental.
Esta Comisión Organizadora elaborará un
reglamento de ética y procedimientos para implementar el ordenamiento de la
Cámara Conjunta y emitirá una convocatoria para que se inscriban todas las
organizaciones que - calificando con la condición universal - deseen
participar.
Como premisa para hacer viable esta
proposición, el Consejo de Estado y la Asamblea Nacional del Poder Popular de
la República de Cuba deberán promulgar una amnistía para los prisioneros de
conciencia amparados en el artículo 90, inciso ll, que atribuye al Consejo de
Estado el conceder indultos; y en el artículo 75, inciso t, que establece que:
"son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular el conceder
amnistías." También se deberá implementar el artículo 54 sobre los
derechos de reunión, manifestación y asociación, reformando su
reglamentación para que cuenten con base jurídica todos los participantes en
este foro.
Asimismo, el gobierno cubano permitirá el
regreso al país de aquellos opositores pacíficos que estén dispuestos a
regresar e incorporarse a la vida nacional para que puedan, por derecho propio,
participar en la Cámara Conjunta - si para ello son electos - o para quedarse
en nuestra patria unidos a todos y cada uno de los cubanos de buena voluntad.
La creación de esta Cámara Conjunta de
Representantes marcaría el comienzo de una apertura política sin precedentes
en nuestro país, permitiendo la consolidación de la sociedad civil y la
participación de las minorías en los asuntos de la comunidad, afirmándose en
los acuerdos suscritos en Viña del Mar el pasado año por el Presidente Fidel
Castro, creando además las condiciones adecuadas para la visita a Cuba en enero
de 1998 del Santo Padre Juan Pablo II y un ambiente de credibilidad política
propicio para la Cumbre Iberoamericana de 1999 a celebrarse en nuestra patria.
Confiamos en que esta propuesta, sustentada en
el artículo 63 de la Carta Magna - que establece que: "Todo ciudadano
tiene derecho a dirigir peticiones a las autoridades y a recibir la atención o
respuestas pertinentes y en plazo adecuado conforme a la ley" - y en el
artículo 66 - que declara que: "El cumplimiento estricto de la
Constitución y de las leyes es deber inexcusable de todos" - reciba el
apoyo y la atención de los factores involucrados en la misma para que esta
contribuya a superar las adversidades del presente y a proyectarnos hacia el
futuro dentro de un marco de verdadero consenso nacional.
"Es respetable y
hermosa una oposición que hace justicia"
José Martí. "Revista Universal", México, mayo 1875.
Por el Proyecto Demócrata Cubano,
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Rafael León Rodríguez,
Coordinador General |
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